" EL TIRO POR LA CULATA "

AGUSTIN NAVARRO

anavarro@mpsnet.com.mx

Listos y presurosos, distintos voceros gubernamentales norteamericanos han anunciado la prsxima integracisn de un "grupo de contacto" antinarcsticos del mas alto nivel entre Mixico y los Estados Unidos, asm como, la inminente celebracisn de "acuerdos" de cooperacisn entre las fuerzas armadas de los dos pamses para propssitos similares. Se menciona inclusive la reanudacisn---despuis de alrededor de cincuenta aqos---de ejercicios y maniobras militares conjuntas de ambos ejircitos.

Es motivo de urgente reflexisn y analisis, el tema de la injerencia de las fuerzas armadas en el combate de la floreciente industria transnacional de los narcsticos, que comprende desde su cultivo o fabricacisn sintitica, el trafico, hasta la infiltracisn del sistema financiero internacional y la corrosiva infiltracisn en los mas altos rangos del sistema judicial y de gobierno en los pamses productores y consumidores.

Quizas no existe una area mas sensible y delicada en el Estado moderno, que las fuerzas armadas. En istas se depositan las garantmas zltimas de la constitucionalidad y se concentra el monopolio de la fuerza que los pueblos democraticos otorgan voluntariamente al Estado para la proteccisn de su integridad territorial, soberanma y seguridad nacional. Es por lo tanto del mas elevado interis nacional, decidir si las fuerzas armadas deben ser comprometidas en tareas que jurisdiccionalmente competen a otras agencias de gobierno. (Procuradurma de Justicia y Salud Pzblica)

Es evidente e incontestable que la penetracisn de la corrupcisn derivada de la narco-produccisn, narcotrafico y narco-consumo, ha alcanzado alturas sin precedente y ha contaminado todo lo que toca. Intelectual y polmticamente no puede aceptarse que las fuerzas armadas de un pams, sean inmunes y que quedan exceptuadas---gracias a un milagroso anticuerpo---de los perniciosos efectos que han hecho presa a todas las demas organizaciones polmticas y jurmdicas que se involucran en la interdiccisn de las drogas. Es por lo tanto atentatorio contra la seguridad nacional, arriesgar precisamente a los depositarios de ella y exponerlos innecesariamente a una corrupcisn que se genera, la mas de las veces, en las propias leyes prohibicionistas al estilo de los aqos veintes, que han hecho de los narcsticos, el negocio mas grande del mundo.

Estimo necesario evaluar si ese zltimo y valioso recurso que es el Ejircito regular de una nacisn, debe ser sumergido en las fangosas arenas movedizas del combate al narcotrafico. En la propia Constitucisn Polmtica de los Estados Unidos Mexicanos existe la alternativa de una fuerza denominada Guardia Nacional que, no obstante estar claramente dispuesta su obligada existencia y operacisn en cinco artmculos de la misma, no existe como tal. Este recurso constitucional podrma, llegado el caso, evitar la participacisn del Ejercito Mexicano en tareas que pueden poner en grave riesgo su integridad como institucisn basica y fundamental de la Repzblica. Veamos, en el Art. 73, fraccisn XV, se faculta al Congreso para dar reglamentos para organizar, armar y disciplinar a la Guardia Nacional. El Art. 76, fraccisn IV, otorga al Senado la facultad exclusiva de consentir al Presidente de la Repzblica disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria. El Art. 89, fraccisn VII, faculta al Presidente a disponer de la Guardia Nacional, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federacisn, en los tirminos del artmculo anterior. El Art. 35, fraccisn IV reconoce la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos, de tomar las armas en el Ejircito o la Guardia Nacional para la defensa de la Repzblica y de sus instituciones. El Art. 36, fraccisn II, obliga a los ciudadanos a alistarse en la Guardia Nacional. Sin embargo, la Guardia Nacional, no existe.

Fuera de las mzltiples consideraciones y objeciones que podrman hacerse respecto a la utilizacisn de la Guardia Nacional en menesteres tales como el combate a las drogas o la atencisn de problemas de seguridad interna en brotes de violencia o insurreccisn ilegal a nivel estatal y azn en auxilio de la poblacisn civil en caso de desastres naturales o provocados, debemos analizar cuidadosamente en un debate nacional, las serias implicaciones que tiene la interaccisn de las fuerzas armadas de Mixico y los Estados Unidos en un asunto que se agrava dma a dma, a pesar de un aumento histsrico en la asignacisn multinacional de recursos humanos y materiales en contra de los narcsticos.

Dada la asimetrma brutal que existe entre ambos ejircitos, lo que empieza con una asistencia ticnica y material por parte de los Estados Unidos, corre el inminente riesgo de terminar en aquello de que "el que paga manda". Esto en materia militar, no es poca cosa. Los asesores militares norteamericanos han sido siempre la cabeza de playa de intervenciones de largo alcance y duracisn, en cuanto lugar han sido o no invitados. Centroamirica es un caso ejemplar. Los resultados de dichas incursiones son, por supuesto, muy variados y cada pams opinarma segzn como le haya ido en la feria.

El nombramiento del general Barry McCraffey como el nuevo "Zar antidrogas" es prueba plena de la estrategia que el gobierno norteamericano esta dispuesto a seguir en ista materia. Todas las fichas del tablero anti-inmigrante y antinarcsticos szbitamente se acomodan y muestran el descarnado comzn denominador de una "militarizacisn" de los esfuerzos para "contener lo incontenible". En Mixico, el Presidente, como jefe nato de las fuerzas armadas tiene una enorme responsabilidad en la preservacisn itica y legal de nuestro Ejircito. Debe instruir al Secretario de la Defensa, en forma precisa para evitar que en aras de una cooperacisn, quedemos subordinados a la agenda represiva "en tierra ajena", que se pretende imponer en materia de narcsticos a toda Latinoamirica. El pueblo tiene que estar seguro de ello.

Los recientes operativos antidrogas con apoyo militar en Tijuana y otras localidades, no han dejado un buen sabor de boca en la poblacisn civil y ya no se distingue con facilidad, si los regulares excesos de dichas acciones son responsabilidad del Ejircito o de las autoridades policmacas. Esto no lo merece el Ejercito, el cual mantiene un prestigio importante entre el pueblo. Ademas, al implementarse la participacisn del Ejercito en operativos combinados con las fuerzas armadas norteamericanas, en zonas y espacio aireo fronterizos y aguas territoriales, se elevarman considerablemente las posibilidades de choque, conflicto y de acusaciones mutuas de ineficacia o corrupcisn. Con istos "acuerdos y cooperaciones", nos puede salir "el tiro por la culata". E-Mail: anavarro@mpsnet.com.mx Mixico D.F., a 17 de Marzo de 1996.

" CRISIS DE LIDERAZGO ETICO-POLITICO "

AGUSTIN NAVARRO

En Mixico hay una crisis de liderazgo itico-polmtico que tiene detenidos tanto al avance democratico como al econsmico. Mas azn, la crisis de liderazgo ha provocado una crisis de institucionalidad que ha sumergido a los mexicanos en una pavorosa incertidumbre que no nos permite planear nuestro porvenir de corto y largo plazo de una manera tranquila y meditada. El pueblo parece estar atrapado en una perversa relacisn estmmulo-respuesta Pavloviana, reaccionando como puede a los problemas que se le vienen encima todos los dmas.

Al estar ausente en istos difmciles momentos, un liderazgo autinticamente democratico, basado en una itica polmtica sistematica y congruente, la poblacisn no le otorga credibilidad ni confianza a quien tiene la responsabilidad constitucional de ejercer el mandato que le fue conferido. Este es el mayor problema que afronta el Presidente Zedillo frente a los ciudadanos y para que el lector juzgue y haga un pronsstico de devenir de la Nacisn en los prsximos meses, presento a continuacisn una serie de conceptos itico-polmticos y sus implicaciones jurmdicas, sociales y econsmicas, que pueden ser el marco de referencia para el cambio estructural que Mixico demanda.

Para iste propssito he utilizado un extraordinario documento elaborado por el buen amigo chileno el Prof. Carlos Caceres de la Universidad Adolfo Ibaqez, que tituls "Modernizacisn Econsmica e Instituciones" y cuya precisisn analmtica permite ver con claridad las distorsiones que persisten en el ambito polmtico-econsmico de Mixico y fundamentan nuestro argumento, de que los problemas del pams son estructurales, que no han sido resueltos por una falta de visisn itica en el gobierno y por la ya muy preocupante ausencia de un liderazgo que primero debe establecer y lograr propssitos polmticos y de ahm hacer emerger la estrategia econsmica adecuada para la reactivacisn.

Empecemos diciendo, que el hombre necesita de la sociedad para su bien. Este "Bien Comzn" se compone de bienestar material, la paz y los bienes de la cultura. Pero para que lo anterior sea factible, se requiere de la institucionalidad. El desarrollo econsmico depende de la estabilidad institucional. Muchas reformas econsmicas y sociales hechas en Mixico, carecen de suficiente profundidad, sustento y solidez por no tener respaldo institucional que las haga sostenibles y permanentes. La Constitucisn no puede definir un modelo econsmico, pero si puede definir un rigimen de libertades polmticas y econsmicas. Por su parte, un rigimen institucional no puede definir un rigimen econsmico, ni polmtico, sino znicamente establecer las condiciones para que opere determinado orden polmtico y econsmico.

Exploremos ahora la institucionalidad. De acuerdo a Douglas C. North: Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad; mas formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre, que dan forma a la interaccisn humana. Las instituciones, reducen la incertidumbre---ese mal endimico de nuestro Mixico---por el simple hecho de que proporcionan una estructura a la vida diaria. Las instituciones a su vez, pueden ser tambiin vistas como sistema de incentivos. Esto es, que provean de castigo o recompensa por hacer cosas. Las instituciones de que depende el desarrollo econsmico son: el estado de Derecho y el establecimiento de normas de conducta.

La vida en sociedad tambiin exige una interaccisn humana libre, con una auto-composicisn de restricciones (limitaciones) estables que no impidan la creatividad y la innovacisn, que son fuente de prosperidad. Esto nos lleva a concluir, que la polmtica es mas importante que la economma. La tragedia del agsnico sistema polmtico mexicano fue por dicadas, el caer en el constructivismo social. Es el momento de crear institucionalidad econsmica en base a un sistema social de mercado autintico, Ese es el gran reto de la oposicisn polmtica y debe comprometerse con Mixico a construirla.

La Constitucisn debe alejar de la polmtica a la institucionalidad econsmica. Pero siendo un marco superior de lmmites, debe tener amplitud, mas no excesiva, en la aplicacisn de modelos o polmticas econsmicas que cancelen derechos de propiedad u obstaculicen el pleno ejercicio de derechos o deberes individuales. En una "sociedad de oportunidades" como la que he repetidamente propuesto, la estabilidad institucional es la base de las actividades econsmicas, polmticas y sociales. Recordemos, con Caceres, que la economma solo se desarrolla mediante instituciones y srganos de caracter preventivo que consoliden la libertad y canalicen las acciones de gobierno en favor de las personas. El Presidente Zedillo, en su febril y oportunista "cruzada por la ley", deberma incluir que no sslo los textos legales ni las declaraciones retsricas, sino todo el sistema jurmdico---no solo la Constitucisn---mntimamente ligado a las funciones del gobierno y las actividades de la sociedad, constituye la verdadera sustancia de la institucionalidad.

La dicotomma entre los principios iticos, polmticos y sociales con los econsmicos, es indivisible. Existe plena evidencia de los fracasos en la ampliacisn de la libertad social, derivados de mantener la actividad exclusiva del Estado en ciertas areas educativas y de salud pzblica. Debe siempre haber congruencia entre los medios y los fines, o sea, entre las polmticas y los objetivos, asm como, los mexicanos debemos reconocer el impacto definitivo que tiene la actual organizacisn socio-polmtica en la polmtica econsmica, si realmente queremos un cambio en las precarias condiciones del pams.

El liderazgo que Mixico exige, debe imponer principios basicos en la accisn del Estado, como la subsidiaridad, siendo ista expresa y constitucionalmente delegada por el pueblo, no a la inversa, como rectora de las acciones de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Debe aclarar, que son las personas y los cuadros intermedios creados por ellas, quienes determinan los objetivos a alcanzar, no el Estado, por tanto sus iniciativas deben tener preferencia. Que la responsabilidad individual para determinar objetivos---que emana del propio Derecho---debe preceder a la responsabilidad colectiva. Que la accisn del Estado debe limitarse a la satisfaccisn de necesidades colectivas preestablecidas constitucionalmente, como la defensa y la seguridad nacional y la administracisn de justicia.

Finalmente, el pams no puede permanecer indefinidamente sin una estructura itica en su liderazgo polmtico y menos puede resistir el daqo polmtico y econsmico que se produce cuando ese eventual liderazgo, utiliza discrecionalmente valores genuinos como el federalismo para tapar fraudes electorales de caciques antidemocraticos. Asm, corremos el riesgo de perder la economma, el federalismo y la incipiente democracia. E-Mail: anavarro@mpsnet.com.mx
Mixico D.F., a 10 de Marzo de 1996.