ESTADO DE DERECHO
El Estado de Derecho constituye la solución que los mexicanos nos hemos dado ante el reto
de constituir un orden jurídico que nos dé certidumbre y seguridad en el goce de nuestros
derechos y en el ejercicio de nuestras libertades. Sólo el Estado de Derecho es garantía
suficiente para una convivencia social armónica, el pleno desarrollo nacional y el despliegue
en la libertad de las potencialidades de cada individuo y de la sociedad.
Hoy en día nuestro marco normativo e institucional no es del todo adecuado a las
expectativas y a las condiciones de nuestro tiempo. Subsisten atrasos, vicios y carencias en
materia de seguridad pública, procuración de justicia, combate a la corrupción y la
impunidad, impartición de justicia, seguridad jurídica, reconocimiento de los derechos
fundamentales y el acceso de los pueblos indígenas a la justicia.
Con las reformas constitucionales realizadas en diciembre de 1994, se inició una etapa de
renovación integral del Estado de Derecho; sin embargo, estas reformas sólo han sido un
primer paso para su transformación.
Objetivos
Vivir en un Estado de Derecho plenamente garantizado requiere definir estrategias y líneas
de acción que permitan alcanzar los siguientes objetivos:
- Crear las condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento ético
de los cuerpos policiales que aseguren a los individuos la debida protección física y
patrimonial.
- Establecer las condiciones que permitan al Estado combatir de manera frontal y eficiente
a la delincuencia organizada.
- Lograr que los órganos responsables de la procuración de justicia se constituyan en
auténticos vigilantes de la legalidad y de la persecución de los delitos, y realicen sus
acciones con base en un correcto ejercicio de las atribuciones que el orden jurídico
nacional les ha conferido.
- Otorgar a la población la confianza de que los recursos públicos se utilizan con legalidad,
transparencia, honestidad y eficiencia, y que, a su vez, existan mecanismos para
prevenir y detectar acciones de corrupción.
- Contar con un régimen donde todos puedan tener acceso a la justicia y satisfacer sus
justas demandas, un régimen donde los individuos y las autoridades se sometan a los
mandatos de la ley.
- Fortalecer un régimen de seguridad jurídica en la propiedad y posesión de los bienes y
en las transacciones de los particulares, como requisito indispensable para promover la
inversión y propiciar el sano desempeño de las actividades productivas.
- Consolidar la reglamentación y el ejercicio de las funciones de los organismos que tienen
a su cargo la protección no jurisdiccional de los derechos humanos.
- Mejorar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia sin que su propia identidad sufra
menoscabo en la aplicación justa de la ley.
Estrategias
Seguridad pública:
- Establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública que contemple estándares
nacionales de calidad, una carrera policial profesional, un régimen de prestaciones
económicas y sociales adecuadas a la dignificación del servicio policial, y programas de
coordinación vinculatorios entre los tres órdenes de gobierno.
- Consolidar un proceso efectivo y permanente de profesionalización policial, mediante la
creación de un Centro Nacional de Formación Policial y la apropiada reglamentación y
utilización del Registro Nacional de Servicios Policiales.
- Integrar un Sistema de Información Policial moderno y confiable, que puedan consultar
las autoridades federales, estatales y municipales. Dicho sistema contendrá información
de delincuentes, bandas, formas delictivas y tipo de armamento de las organizaciones
criminales.
- Para transparentar las acciones de los cuerpos policiales y generar una nueva imagen de
la seguridad pública en México, se promoverá una vinculación más estrecha entre las
autoridades competentes y los diversos grupos de la sociedad.
Lucha contra el crimen organizado:
Establecer programas de especialización en los cuerpos policiales de seguridad
encargados de combatir el crimen organizado y promover el cabal aprovechamiento de
las nuevas técnicas y tecnologías para la investigación de conductas delictivas.
Intensificar los esfuerzos de cooperación internacional fortaleciendo los convenios y
acuerdos destinados a la identificación y persecución de los delincuentes.
Revisar la legislación penal sustantiva en la materia para que sancione más severamente
a quienes incurren en esta forma de criminalidad.
Procuración de justicia:
- En congruencia con la reforma al artículo 21 Constitucional del pasado diciembre, es
necesario reglamentar la forma en que los particulares podrán impugnar el no ejercicio y
el desistimiento de la acción penal.
- Revisar las normas de organización y competencia de los órganos encargados de la
investigación y persecución de los delitos, así como los métodos y procedimientos de
investigación moderna que pueden utilizarse válidamente en el cumplimiento de sus
funciones.
- Establecer programas y mecanismos de control que garanticen que la actuación del
Ministerio Público y de la policía judicial se lleve a cabo con estricto apego a la ley.
- Revisar el marco normativo en los aspectos sustantivos, orgánicos, procedimentales y de
responsabilidades de los órganos y personas encargadas de procurar justicia.
Probidad y rendición de cuentas en el servicio público:
- Realizar una reforma profunda de los actuales órganos de control interno y externo de la
gestión pública y actualizar el marco jurídico para la prevención, control y sanción de la
corrupción.
- Reestructurar el sistema de control interno del poder Ejecutivo para transformarlo en un
órgano promotor de la modernización y desarrollo de la administración pública.
- Promover el acercamiento del gobierno a la población y la participación ciudadana en las
acciones de control de la gestión pública.
- Edificar una cultura que refuerce los valores éticos del servicio público, rechace la
corrupción, la impunidad y aliente los principios democráticos y las actitudes
participativas.
Impartición de justicia:
- El pasado mes de diciembre se inició el proceso de reforma al Poder Judicial Federal
mediante las modificaciones constitucionales aprobadas por el Constituyente
Permanente. Dicha reforma representa una etapa del proceso que es necesario llevar a
cabo para fortalecer y perfeccionar a los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Por
ello, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión las iniciativas de Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 105
Constitucional.
- Para elevar la calidad profesional de los jueces y magistrados se apoyarán programas
que mejoren sus sueldos y prestaciones, así como de capacitación, actualización y
especialización, tanto a nivel federal como estatal.
- Realizar un proceso sistemático de revisión de las normas procesales de diversos
ordenamientos que permita una pronta impartición de justicia y evite rezagos y
dilaciones, discrecionalidad, negligencia y mala fe.
- Se promoverá el establecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos
que ofrezcan mayor rapidez y especialización en las resoluciones. Se buscará también
lograr una revaloración de la justicia de paz a fin de dotarla de atribuciones mayores.
- Mejorar la prestación y los alcances de la asistencia jurídica gratuita en materia penal
mediante la profesionalización de quienes presten este servicio.
- Llevar a cabo todas las acciones de apoyo que sean necesarias para garantizar el
acceso a la justicia en condiciones de igualdad y calidad a todos los mexicanos.
Seguridad jurídica en la propiedad de los bienes y en los derechos de los particulares
- Se promoverán medidas que ofrezcan condiciones de seguridad jurídica para garantizar
la propiedad y posesión de los bienes y favorecer la transparencia de las relaciones de
los particulares entre sí y de éstos con el Gobierno.
- Para propiciar la vigencia de un régimen de plena seguridad jurídica se requiere, entre
otros, de dos elementos fundamentales: primero, la existencia de un marco normativo
claro, preciso y congruente con las necesidades actuales, que defina con puntualidad los
derechos de propiedad, así como las prerrogativas y obligaciones de todos los que
intervienen en las actividades económicas y sociales, y, segundo, un sistema de justicia
capaz de garantizar eficaz y oportunamente el cumplimiento de dicho marco normativo
- Para brindar certidumbre a los particulares en las actividades en que se requiere algún
tipo de intervención de las autoridades, se continuará e intensificará el proceso de
desregulación administrativa.
- En materia de tenencia de la tierra, se realizarán las acciones que consoliden la
aplicación de las reformas al Artículo 27 constitucional y la nueva legislación agraria.
- En materia de la propiedad particular, habrá de realizarse un esfuerzo de coordinación
entre las distintas instancias en los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo
programas de regulación y titulación de predios, y lograr la modernización de los
registros públicos de propiedad.
Derechos humanos:
- Le corresponde al Gobierno fortalecer las funciones de las comisiones de derechos
humanos, abrir nuevos cauces a la participación ciudadana e inducir a una mayor y más
oportuna atención de los servidores públicos a las recomendaciones de esas comisiones.
- Integrar un sistema nacional de información de derechos humanos, para apoyar el
cumplimiento de las recomendaciones, así como fortalecer el mecanismo de recepción
de quejas en las comisiones de derechos humanos.
Justicia para los pueblos indígenas:
- Se extremarán esfuerzos para que la práctica procesal y los mecanismos de formación,
capacitación y responsabilidad de los jueces cercanos a casos que incluyan a los
pueblos indígenas les permitan cumplir con el papel que les asigna la ley en la tutela
efectiva de los derechos de todo mexicano.
- De manera prioritaria se impulsará la formación de intérpretes en las lenguas indígenas a
fin de garantizar en la práctica el derecho de los indígenas a contar con un traductor en
todos los procesos legales e instancias jurídicas, y a conocer su naturaleza y
consecuencias.
- Se buscarán los mecanismos para que los pueblos indígenas reciban respuesta pronta y
en su idioma cuando ejerzan el derecho de petición, de manera que puedan tener pleno
conocimiento de los motivos y fundamentos del caso, así como de los trámites que
deberán seguir.
- En el caso de indígenas sujetos al sistema de justicia como acusados y presos, el
gobierno considera prioritaria la labor de identificación y seguimiento en todo el país de
los indígenas presos por causas atribuibles a la indefensión, para proveer las medidas
necesarias y proteger sus garantías y, en su caso, procurar su excarcelación.
Es necesario, que los mexicanos nos empeñemos en el fortalecimiento del Estado de
Derecho: sólo así podremos aspirar a mantener una sociedad plural y diversa, unida por
ideales comunes que están plasmados y actualizados en el orden jurídico. Hemos de
buscar, en síntesis, el establecimiento y la práctica diaria, firmemente enraizada, de un
Estado Democrático de Derecho.
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Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000